Canadá presenta ley para extender ciudadanía a hijos nacidos o adoptados en el extranjero más allá de la primera generación.

Ottawa, Canadá. – El Gobierno de Canadá presentó un proyecto de ley que ampliaría el derecho a la ciudadanía por descendencia para personas nacidas o adoptadas fuera del país, más allá de la primera generación.

Actualmente, la legislación canadiense impide que ciudadanos por descendencia transmitan automáticamente la ciudadanía a sus hijos nacidos en el extranjero, debido al límite impuesto a la primera generación. Esta restricción, según el Gobierno, ya no refleja las realidades de las familias canadienses modernas ni los valores del país.

La ministra de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Lena Metlege Diab, anunció la introducción del Proyecto de Ley C-3, que contempla dos cambios fundamentales:

• Otorgar automáticamente la ciudadanía a quienes hoy la tendrían si no existiera el límite de primera generación o si no se hubieran aplicado ciertas disposiciones obsoletas de leyes anteriores.
• Establecer un nuevo marco que permita acceder a la ciudadanía más allá de la primera generación si uno de los padres canadienses demuestra una conexión sustancial con Canadá mediante al menos 1,095 días acumulados (3 años) de presencia física en el país antes del nacimiento o adopción del hijo.

Cita destacada

«La ciudadanía es más que un estatus legal: es una conexión profunda con los valores, la historia y el espíritu de Canadá. […] Ser canadiense va más allá del lugar de nacimiento; significa pertenencia, experiencias compartidas y compromiso con una comunidad inclusiva y diversa.»
— Lena Metlege Diab, ministra de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía

Contexto y antecedentes

• La Ley de Ciudadanía de 1947 contenía disposiciones hoy consideradas desactualizadas, que provocaron la pérdida o negación de ciudadanía a muchas personas.
• Reformas legales en 2009 y 2015 restablecieron derechos a más de 20,000 «canadienses perdidos», quienes obtuvieron certificados de ciudadanía.
• En 2023, la Corte Superior de Justicia de Ontario declaró inconstitucionales partes clave del límite de primera generación. El gobierno no apeló, reconociendo que la ley vigente genera consecuencias inaceptables para familias canadienses en el exterior.

El proyecto de ley C-3 aún debe ser aprobado por ambas cámaras del Parlamento y recibir la sanción real. En caso de aprobación, el Gobierno asegura que actuará rápidamente para implementar los cambios y ofrecer información a las personas elegibles a través de su portal oficial